Burguesía pobre, empresarios ricos

Publicado el 12 de Septiembre de 2010 Por Hernán Brienza
Periodista, escritor y politólogo.

Quien cree que el Estado estuvo ausente en los ’90 no alcanza a desprenderse todavía de algunos principios económicos que horadaron a este país en los años noventa. No se trató de un Estado ausente, sino de un Estado al servicio de los grupos económicos más poderosos del país.

Una frase fetiche se les ha pegado en los últimos tiempos a los políticos oficialistas. Reunión a la que uno vaya, ellos expresarán con una certeza inexpugnable: “No queremos un Estado ausente”, como si hubieran encontrado una verdad alumbradora, a quien quiera escucharlos. Uno comprende la alegría con que produce hallar una frase que permita resignificar el rol del aparato estatal en una nueva etapa, pero habría que tener cuidado qué lectura histórica se hace de los procesos políticos, económicos y sociales del pasado. Posiblemente, la idea de un “Estado ausente” provenga de una concepción noventista de la economía, pero que, con honestidad intelectual, y viendo los resultados de lo que se llamó el neoliberalismo, hace una fuerte crítica a esa supuesta falta de presencia del Estado. No es un detalle menor o un galimatías. Quien cree que el Estado estuvo ausente en los años noventa no alcanza a desprenderse todavía de algunos principios económicos que horadaron a este país en los ’90.
Juan Domingo Perón –perdonen el exceso de ortodoxia discursiva– solía decir que “la economía nunca ha sido libre: o la controla el Estado en beneficio del Pueblo o lo hacen los grandes consorcios en perjuicio de este”. Tenía razón, claro. Pero hay algunas cosas interesantes en esa proposición y es que, justamente, habla del rol del aparato estatal. Primero, que no hay libertad ni ausencias. Segundo, que el rol del Estado es estar a favor de las mayorías o del pueblo y no de las corporaciones: este concepto fue escrito hace más de 40 años. Y tercero, que si el Estado no cumple con su rol no se ausenta, sino que es usado por los grandes consorcios para su propio beneficio y en contra, justamente, del aparato estatal.
Eso fue justamente lo que ocurrió en los años noventa y durante la dictadura militar. No se trató de un Estado ausente, sino de un Estado al servicio de los grupos económicos más poderosos del país y en contra de su propia existencia. En 25 años vio multiplicada su deuda externa de 7 mil millones de dólares a 180 mil millones, pero además se produjo la transferencia de ingresos más feroz de la historia (de una distribución del 53% a favor del trabajo se pasó al 77% a favor del capital) y, como demuestra Mario Rapoport en su monumental Historia económica, política y social de la Argentina se ha producido una brutal concentración y oligopolización del sistema económico (es decir, al interior de cada rubro de producción industrial, agrícolo ganadero y financiero, han sido beneficiados los grandes grupos en contra de los pequeños y medianos empresarios y productores).
Y el Estado fue partícipe de ese proceso. No estuvo ausente. Porque el Estado, si bien no es un aparato desideologizado, está allí para ser llenado de decisiones y políticas públicas. Parafraseando a Perón, se podría decir que “un Estado nunca está ausente: o lo controla el Pueblo en su beneficio a través de los políticos que elige o lo hacen los grandes consorcios en su perjuicio del pueblo y del Estado y en provecho de sí mismos”.
Ahora bien, ¿cómo se llena un Estado de poder real? Mediante una confluencia de sectores políticos, económicos y sociales o por la fuerza. Si no, sólo se administra con mayor o menor eficacia. Como la política no se hace desde París, sino tomando decisiones que beneficien o perjudiquen a unos o a otros, es que se necesita una alianza de sectores. El peronismo fue tradicionalmente eso: un puente entre los sectores populares con una identidad relativamente fuerte y sectores dirigentes industriales que, en mayor o menor medida y por un lapso breve o prolongado, apoyaron la experiencia justicialista. El problema es que a lo largo de la historia sólo el sector del trabajo ha permanecido fiel a su compromiso peronista. Contradiciendo a sus propios intereses, los industriales han defeccionado una y otra vez a su rol histórico de construir un mercado interno, basado en el desarrollo industrial y que permitiera explorar el terreno de una exportación de productos manufacturados. Han defeccionado en su rol de conductores o sector dirigente para convertirse en patrones de estancias. Utilizaron el Estado sólo para sus negocios personales. Como el Grupo Techint o Loma Negra, por ejemplo, que luego de haber sido subsidiados históricamente por todos los argentinos a través de las políticas de promoción industrial y beneficiados por negociados con el Estado, vendieron sus empresas a capitales extranjeros como si se trataran de reliquias exclusivamente familiares y no estuviera en juego el esfuerzo de todos los argentinos. Porque cuando un ciudadano común paga el 21% de IVA, ese dinero no sólo va para la asistencia social, también va a subsidios  y promociones industriales. O como Cristiano Rattazzi, el presidente de Fiat Auto Argentina, que después de asistir a un crecimiento anual de su sector en un promedio de nueve puntos, se despacha contra el modelo económico y realiza críticas públicas para esmerilar el consenso político del gobierno en su enfrentamiento con un grupo oligopólico como Clarín.
Desgraciadamente, los argentinos debemos sufrir una burguesía con síndrome maníaco depresivo y con tendencias automutilantes y suicidas. De otra manera no se entiende por qué apoyaron a la dictadura militar y al proceso neoliberal 1989-2002, y no se escucharon a los Rattazzi criticar la política de desindutrialización de los años noventa. Tampoco se escuchó a la Unión Industrial Argentina o a la Asociación de Empresarios Argentinos patalear cuando devastaban el mercado interno con la convertibilidad y el liberalismo comercial.
(Digresión: ¿El caso Papel Prensa puede alumbra y ayudar a comprender la desaparición de la Confederación General Económica de José Ber Gelbard? ¿Es necesaria hoy para el país una nueva CGE que limite el poder de los industriales suicidas?)
La burguesía argentina siempre ha tenido problemas de identidad no resuelta. Ya lo explicó Jorge Abelardo Ramos en su libro Revolución y contrarrevolución en la Argentina cuando le dio al Ejército argentino, conducido por Julio Argentino Roca, el rol de suplantar a la burguesía nacional que no quería asumir su rol histórico. De hecho, la línea de Enrique Mosconi y Manuel Savio, que confluye en el GOU y en el primer peronismo, son herencias, para Ramos, de esa Generación del ’80. Ahí tampoco, claro, el Estado estuvo ausente. Alguien podría pensar que, en definitiva, el problema de la burguesía argentina ha sido que nunca ha tenido el peso económico que sí tuvo el campo, por ejemplo, a lo largo de la historia. Pero sería una falsedad afirmar eso. El problema está en un desfasaje que ya había marcado Arturo Jauretche en su libro El medio pelo... como “tilinguería”: pensarse así mismo como lo que uno no es. En la Argentina, los sindicalistas piensan como empresarios, los industriales como terratenientes y los oligarcas como industriales de los países centrales. Lo que sí es cierto es que siempre han sabido defender sus intereses particulares. Ahora, por ejemplo, saldrán a fustigar el más que interesante proyecto de Héctor Recalde de participación de los trabajadores en las ganancias empresarias. Y es allí donde demuestran su “patronismo” de estancia. Sólo van por la ganancia. Renunciaron a su rol histórico. A esa renuncia, le debemos los argentinos un país con una pobre burguesía, pero, obviamente, con ricos empresarios que se beneficiaron con un Estado nunca ausente. <

Cambio de lógica

Por Cristian J. Caracoche *

Si bien no existe una definición totalmente aceptada en la comunidad académica sobre qué es el capitalismo, entre los economistas podemos encontrar cierto consenso sobre algunos aspectos esenciales que caracterizan a este modo de producción, tales como el trabajo asalariado, la primacía del interés privado, la diferenciación de funciones en el proceso productivo, las relaciones clasistas, la competencia, la libertad económica, la supremacía del mercado o la propiedad privada, entre otros.

Desde los albores del sistema al presente, estos aspectos han sufrido cambios en sus manifestaciones materiales debido a vaivenes y crisis recurrentes, que han hecho reacomodar periódicamente su lógica, con la única finalidad de mantener el funcionamiento del proceso productivo bajo la órbita capitalista. Es así que cuando el amenazante “fantasma que recorría Europa” se encontraba en un auge nunca antes visto y el mundo occidental se hundía en la peor crisis de su historia, de la mano de Keynes el capitalismo debió modificar aspectos clave como la libre competencia, la supremacía del mercado y la libertad económica, en pos de refundar la idea con la cual se concebía económicamente al Estado y obtener un poco más de oxígeno para continuar funcionando. Situaciones similares se vivieron en la crisis actual cuando el ex presidente de Estados Unidos debió pedir perdón a su pueblo por intervenir en la economía al utilizar la “mano invisible” estatal en el mercado bancario. Las principales transformaciones del capitalismo, según la historia escrita, han tenido lugar en respuesta a las crisis periódicas que han amenazado el corazón del sistema.

Ahora bien, dichos cambios llevados a la práctica de forma “reactiva”, ¿han sido los únicos cambios significativos que ha sufrido la lógica capitalista en sus jóvenes 250 años?

Repasando la historia, encontramos que desde principios del siglo XX, el capitalismo potenció su desarrollo de la mano del modelo fordista. Dado un tipo de trabajo esencialmente físico, la producción en serie y el consumo masivo, se configuraba un sistema donde se pagaba una remuneración fija al trabajador a cambio de la libre utilización productiva de su fuerza laboral durante un tiempo determinado. Esta lógica desarrollada en la contratación de mano de obra se traducía en las recordadas palabras de Henri Ford Five dollars a day for an eight-hour day. Es decir, que una vez “adquirida” la jornada laboral, esta se transformaba en un costo hundido para el empresario, que debía explotar al máximo la capacidad de generar valor que tenía el trabajador; por lo cual el capitalista incurría en un costo cierto, con la expectativa de un beneficio incierto, ya que, si bien la productividad media se encontraba comúnmente entre ciertos parámetros, estos no eran garantía de rendimiento y cualquier falla en el cálculo del tiempo necesario de trabajo podría generar pérdidas.

Pasada la mitad del siglo XX, con el avance de la tecnología, la mayor mecanización de los procesos de trabajo físicos y el aumento de la importancia del sector servicios en el PBI de la mayoría de naciones comenzó a darse un vuelco hacia el trabajo intelectual. A la par de este cambio en la lógica laboral, sobrevino otro cambio en la forma de contratación, con el “trabajo por objetivos”. A partir de aquí, según la nueva ola, el trabajo a realizar por el empleado comienza a estar acordado desde un primer momento, al igual que la remuneración, pero esta vez se deja como variable libre el tiempo insumido en la tarea, es decir la extensión de la jornada laboral. De esta forma comienzan a vislumbrarse nuevas tendencias como el teletrabajo, los incentivos “no económicos” y las horas extra no remuneradas.

Durante el siglo XX, la forma de contratación de mano de obra ha cambiado de una lógica caracterizada con una remuneración y una jornada laboral predeterminada y beneficios indeterminados, a otra lógica donde la remuneración y los beneficios están determinados a priori con una jornada laboral determinada a posteriori, y que por lo general es mayor a la normal, de 45 horas semanales.

Esta última modificación en la lógica de contratación desembarcó en la Argentina de la mano del menemismo, la flexibilización laboral y los modelos de management importados que llegaron en los ’90, aumentando la explotación del sector trabajador. En los últimos meses se viene dando un debate en torno al proyecto de ley que intenta distribuir entre los trabajadores el 10 por ciento de las ganancias empresariales. De aprobarse esta iniciativa, en principio, se estaría cambiando nuevamente la lógica reinante, al pasar a un nuevo modelo donde tanto la remuneración a los empleados como los beneficios empresariales y la jornada laboral estarían determinados al finalizar el proceso productivo.

* Economista UNLZ.

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El efecto...

 Por Bruno Susani *

Thomas Piketty, profesor de la Ecole d’Economie de Paris, acaba de publicar un libro importante sobre la desigualdad en la distribución del ingreso. Le Capital au XXIème Siècle, Ed. Le Seuil, 2013, apareció hace dos semanas en los Estados Unidos bajo el mismo título, Capital in the Twenty-First Century, Harvard, University Press, 2014. Paul Krugman señaló que esta obra cambiaba completamente la forma de abordar el problema de las desigualdades del ingreso en la teoría económica. La gran editorial universitaria de los Estados Unidos, que habitualmente brilla por la circunspección de las carátulas, cedió a la tentación e inscribió la primera palabra del titulo, “Capital”, en letras rojas y enormes que recordaban otro libro famoso.

Comencemos, ante todo, rindiendo homenaje al autor, ya que este libro de más de mil páginas en la edición francesa, 696 en la versión inglesa, con 160 gráficos y cuadros estadísticos es un libro de consulta, un trabajo gigantesco de compilación y tratamiento de datos sobre la distribución del ingreso en las economías de 26 países, de lo que resulta una suma estadística, una obra monumental antes que un best-seller. Thomas Piketty es, en la actualidad, el economista francés más prestigioso. Fue recibido el 15 de abril en la Casa Blanca, por el Council of Economic Advisers del presidente Barack Obama, y por el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Jack Lew. Al día siguiente, el autor participó en el Graduate Center en un debate en Internet (economistsview.type pad.com) y el sitio Amazon y The New York Times lo ubicaron, el 26 de abril de 2014, en el “top” de las ventas, con 60.000 ejemplares, bastante más que Games of Thrones.

En términos teóricos, recordemos que Simon Kuznets, Premio Nobel en 1971, uno de los padres, a la vez, de la introducción de la estadística en economía y de las cuentas nacionales, había observado en su libro Economic Growth and structure, que en los Estados Unidos, y en los países más industrializados de Europa durante la primera mitad del siglo, la parte del producto bruto captada por el último decil –el 10 por ciento de la población que gana más– había sensiblemente disminuido a partir de 1914. Piketty muestra en su libro que a partir de 1980, se observa un incremento de la parte del ingreso captado por ese sector de la población y que sobre el siglo que va desde 1914 al 2012, la parte del ingreso del 10 por ciento que gana más tiene una forma de U, baja entre 1914 y 1980 y vuelve a aumentar a partir de esa fecha.

En la primera fase la disminución de la parte del ingreso percibida por el 10 por ciento de los que ganan más no había, sin embargo, modificado un parámetro esencial: que el ahorro y la inversión eran realizados, como lo señaló Kuznets, solamente por el 5 por ciento más rico de la población. Eso hacía que la mejora de la distribución del ingreso, una disminución del coeficiente de Gini, no impidiera que hubiera una continuidad en la concentración del patrimonio en el sector más rico de la sociedad. Piketty muestra en este sentido que después de los años ’80, la parte del ingreso total que obtiene este sector, como así también el patrimonio, se ha incrementado, gracias a la disminución de los impuestos directos –vale decir, al ingreso– y a los derechos sucesorios. Es muy probable que dicha evolución haya sido similar en Argentina; que la parte del ingreso global obtenido por el 10 por ciento de los argentinos que ganan más, luego de disminuir durante el gobierno peronista, haya vuelto a incrementarse después del golpe cívico-militar de 1976, volviendo así a recuperar varios –quizás una decena– puntos porcentuales que había perdido durante el gobierno peronista.

La tesis

Piketty muestra y recuerda a los norteamericanos que los Golden Sixties fueron los años en los cuales las desigualdades sociales de patrimonio y de ingresos eran menos importantes que lo que son hoy. Si la parte del ingreso nacional que recibe el 10 por ciento que gana más bajó a partir de los años ’30, fue el resultado de la crisis y de las leyes rooseveltianas sobre los impuestos a la herencia y a las ganancias, cuando la tasa marginal de este último llegaba al 91 por ciento. Los editorialistas económicos ortodoxos de Buenos Aires lo considerarían hoy “confiscatorio”, lo cual conviene recordar es también la narrativa de la ultraderecha norteamericana, la cual parece gozar de una gran simpatía en las elites modernas y “democráticas” argentinas. Pero está bastante claro que en la Argentina si los medios hablan mucho de la pobreza es porque no desean hablar de la concentración de la riqueza ya que, obviamente, si hay muchos pobres es porque los ricos lo son demasiado. Si el libro del iniquity gurú ha tenido ese éxito en los Estados Unidos es justamente porque los norteamericanos comienzan a comprender que los homeless no surgen de la nada.

Los análisis realizados por Piketty y Emmanuel Sáez, profesor de la Universidad de Berkeley, muestran que las desigualdades no sólo se manifiestan en los ingresos cada vez más elevados del 10 por ciento que gana más, pero llegan a niveles escandalosos en el “top 1 por ciento”, el 1 por ciento formado por directivos de empresas y bancos que ganan fortunas.

La existencia de estos ingresos estrafalarios plantea interrogantes importantes a los economistas que van más allá de los debates emblemáticos sobre la justicia en una democracia. En primer lugar, surge el interrogante sobre la vigencia de las instituciones políticas democráticas, ya que éstas pueden verse alteradas y envilecidas por el dinero y el poder que éste otorga y así dejen de poseer su rol estabilizador. En segundo lugar, la concentración de la riqueza limita el crecimiento económico y de los ingresos, son un freno al crecimiento económico en la medida en que éste está asociado a una distribución del ingreso que permita la expresión de una demanda elevada.

La vulgata liberal justifica la existencia los altos niveles de ingresos de por lo menos dos maneras: por un lado, sostiene que los sueldos exorbitantes que se asignan a sí mismos los CEO de las grandes empresas y de los bancos son una remuneración normal habida cuenta de sus capacidades para dirigirlos, ya que logran los mejores resultados para los accionistas. Pero los estudios realizados no permiten ratificar este aserto y muestran que, muy a menudo, ocurre lo contrario. La crisis financiera de 2008 lo ha demostrado ampliamente. En segundo lugar, se sostiene que las altas ganancias de las empresas y las remuneraciones de los accionistas y de los dirigentes permiten invertir e incrementar la producción y el empleo y que, en última instancia, favorecen al conjunto de la sociedad. Esta es la justificación del capitalismo, pero la historia reciente muestra que tampoco es así. Las tasas de crecimiento en los países industriales son más bajas en el período post-1980 que aquéllas de la década de los años 1960, cuando la distribución del ingreso era menos injusta, lo cual muestra que las performances del capitalismo tienen poco que ver con las remuneraciones de los dirigentes y los accionistas o con una distribución muy desigual del ingreso.

La injusticia social genera ganadores, los que son los favorecidos, y perdedores, los que la padecen. Las desigualdades siderales en la distribución del ingreso pueden ser a veces condenadas porque son moralmente injustificables y es normal que la gente de buena voluntad se indigne frente a ellas, que generan a menudo situaciones atroces. Sin embargo, la condena moral de aquellos a quienes esto beneficia no es suficiente, ya que la teoría económica ortodoxa afirma que la distribución del ingreso es el resultado del “libre juego de las fuerzas del mercado” y que ésta es, siempre, la más adecuada y además la única solución eficiente y óptima, puesto que asegura el pleno empleo de los factores. Argumento que permite a los editorialistas económicos de los medios sugerir que las desigualdades son el precio que una parte de la sociedad (los pobres) debe pagar para asegurar una mayor eficiencia que favorece al conjunto de la misma.

Keynes demostró que este postulado es falso, puesto que el equilibrio existía en múltiples casos en los que hay factores de producción desempleados y que era más común encontrar los múltiples casos de equilibrios con desempleo que un equilibrio con pleno empleo. Evidentemente, la injusticia social no es una condición para la eficacia económica sino todo lo contrario.

La tesis de Piketty es que, actualmente, en Estados Unidos y en los países europeos, en materia de distribución del ingreso, una parte significativa de los salarios va a los detentores del capital y su tendencia no sigue, como lo afirma la teoría ortodoxa, la evolución de la productividad del trabajo.

Existe una relación evidente, que raramente es enseñada a los alumnos de la licenciatura en economía, que es bastante simple. Los agentes económicos que tienen los mayores ingresos poseen además los patrimonios más importantes. Piketty muestra en su libro que la concentración de los ingresos en estos últimos años está acompañada por una concentración de los patrimonios.

Si se analizara el caso argentino con la metodología de Piketty-Sáez, esto explicaría una parte del estancamiento económico argentino en las décadas de los ’80 y los ’90. Actualmente, en Argentina, con un PIB de alrededor de 500 mil millones de dólares y un patrimonio global que incluye las fábricas, los haberes en dólares, las cuentas corrientes en Argentina y en el extranjero, joyas, activos financieros, parque inmobiliario, la tierra, las maquinarias, etc., se puede estimar en 1,5 billones de dólares. Para que el 10 por ciento más rico obtenga el 30 por ciento del PIB, como aparece en la encuesta de hogares, la tasa de rendimiento del patrimonio tiene que ser del 10 por ciento, lo cual es una enormidad. Como lo señala Piketty, en los países industriales el crecimiento del patrimonio del 10 por ciento de los que ganan más es espectacular, pero no así el crecimiento económico. Vale decir que una parte significativa de estos ingresos excesivos no son invertidos sino esterilizados en gastos suntuarios o en bienes no directamente productivos. El autor sostiene que esto último es una indicación de que se ha salido de un capitalismo empresarial que produjo el extraordinario crecimiento económico durante el siglo XX y estamos entrando en una suerte de capitalismo patrimonial que recuerda aquel del siglo XIX.

La desigualdad

El incremento de la concentración del ingreso en el 10 por ciento que gana más y la tendencia a la concentración patrimonial tienen una gran importancia en la evolución económica, que había sido ya señalada por Harrod cuando formuló, en 1948, el primer modelo de crecimiento económico. El modelo, llamado del “filo de la navaja”, debía su nombre a la inestabilidad provocada por las variaciones de la demanda efectiva que, como lo explicaba Keynes, tiene que ver con la concentración del ingreso. Los que ganan más ahorran más y un exceso de ahorro, al que se le agregan expectativas negativas de la inversión, conduce a la caída de la demanda. En teoría económica pura, bajo ciertas condiciones e hipótesis, la evolución económica se puede describir a través de la igualdad g=r, donde g es la tasa de crecimiento y r la tasa de crecimiento del capital en el sentido indicado como conjunto del patrimonio. Piketty sostiene que esta igualdad ya no se verifica, ya que actualmente g < r, lo cual quiere decir que la tasa de crecimiento es inferior al incremento del capital, o dicho de otra manera, que el incremento patrimonial no es utilizado para incrementar la inversión productiva. Esto es bien conocido en Argentina, donde una parte de las ganancias del 10 por ciento que gana más se “evapora”, ya que es expatriada o guardada en dólares, pero no invertida para incrementar el acerbo del capital productivo. Pero eso es una vieja manía de las clases poseedoras del patrimonio en este país.

* Ex Consejero Regional de Ile de France (Grupo Socialista).

Doctor en Ciences Económicas de la Universidad de París.

El empate hegemónico argentino

Por Hernán Brienza
Periodista, escritor y politólogo.

Creemos que el empate hegemónico en la historia argentina se produce entre esas dos grandes tradiciones: el liberalismo-conservador y la línea nacional-popular.

Por qué la Argentina no encontró su lugar en el mundo durante 200 años de historia? ¿Por qué ha ido y vuelto entre dos modelos económicos que cada diez o quince años se suplantaban y fundaban un nuevo país echando por tierra todo lo que había construido su predecesor? ¿Por qué la Argentina no puede realizar políticas a mediano y largo plazo que le permitan mantener un rumbo estratégico? Hay muchas respuestas a estas incógnitas. Muchas de ellas echan mano a cuestiones económicas, coyunturas internacionales, discursos institucionalistas y republicanos, cuestiones culturales, étnicas, prejuicios raciales. El problema no es sencillo, claro, pero creo que en la reformulación de un concepto de Juan Carlos Portantiero se puede hallar una punta para desenrollar la madeja: hablo de la idea de “empate hegemónico”.
En 1973, Portantiero analizó el escenario político de la década de 1970 en términos gramscianos, y definió “empate hegemónico” como: “1- Mantenimiento crónico de una situación de crisis orgánica que no se resuelve como nueva hegemonía por parte de la fracción capitalista predominante ni como crisis revolucionaria para las clases dominadas. 2- Predominio de soluciones de compromiso en las que fuerzas intermedias, que no representan consecuentemente y a largo plazo los intereses de ninguna de las clases polares del nudo estructural ocupan el escenario de la política como alternativas principales, aun cuando su constitución sea residual y su contenido heterogéneo inexpresivo de las nuevas contradicciones generadas por el desarrollo del capitalismo monopolista dependiente en la Argentina. Con estos alcances tendría sentido una definición de la situación de hoy (1973) en el plano político-social como de empate: Cada uno de los grupos tiene suficiente energía como para vetar los proyectos elaborados por los otros, pero ninguno logra reunir las fuerzas necesarias para dirigir el país como le agradaría. Nuestra hipótesis es que la raíz de esa situación se halla en que ninguna de las clases sociales que lideran los polos de la contradicción principal (capital monopolista/proletariado industrial) y que son por ello objetivamente dominantes en su respectivo campo de alianzas ha logrado transformarse en hegemónica de un bloque de fuerzas sociales.”
La otra noche, mientras cenaba con dos amigos politólogos, Lucas Krotsch y Agustín Pineau, ensayábamos una reformulación del concepto de “empate hegemónico” y analizábamos la posibilidad de recuperarlo para reflexionar sobre los 200 años de historia argentina. ¿Ha vivido la Argentina en un empate hegemónico? Creemos que sí, aun cuando no hayan sido las mismas formas estructurales de poder, los mismos bloques históricos (dominación económica, política, cultural) e incluso cuando la idea de revolución y lucha de clases en términos marxistas no tuviera ninguna incidencia en el devenir histórico.
Creemos que el “empate hegemónico” en la historia argentina se produce entre esas dos grandes tradiciones: el liberalismo-conservador (con mayor o menor nivel de concentración y monopolización del poder y la riqueza) y línea nacional-popular (con mayor o menor nivel de distribución, democratización y desmonopolización del poder y la riqueza). Ya no se trata de la dicotomía falsa entre la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista en término electoralistas. Ya no se trata, ni siquiera, de la antinomia “peronismo-antiperonismo”, como quieren construir el relato con cierta malicia operadores culturales de uno u otro lado. La diferencia está dada por quienes, en cada coyuntura histórica (independencia-federalismo-yrigoyenismo-peronismo-kirchnerismo), han logrado ampliar la distribución de la mayor cantidad de recursos –políticos, económicos, culturales– en la mayor cantidad de individuos y sectores posibles de la sociedad. 
El empate hegemónico se produjo en la historia argentina porque el liberalismo-conservador (representación política de los sectores dominantes) no ha tenido nunca la voluntad política ni la posibilidad –quizás por su propia lógica de “empoderamiento”– de incluir en su proyecto a las grandes mayorías que se vieron relegadas y condenadas a convertirse en víctimas de la represión en todas sus formas. Tal vez habría que hacer un paréntesis en dos momentos históricos que dieron la apariencia de incluir mayorías. Nos referimos al proyecto roquista que inició el proceso de convertir al “gaucho malo” en peón y sancionó la Ley 1420 de Educación –dicho esto sin olvidar la campaña de exterminio contra los pueblos originarios y el latrocinio de la tierras del sur–, y también, en los primeros años del menemismo, durante los cuales se había entrelazado una alianza de sectores dominantes y populares que parecía poner fin a la historia argentina. Las dos experiencias terminaron funestamente: En 1890 se produjo la crisis comercial y financiera más importante del siglo, y en 2001, como todos recordamos, el país volvió a estallar por los aires.
(Digresión 1: resulta interesante el juego discursivo respecto del pasado. Cuando el liberalismo-conservador se impone que “cierra etapas”, “da vuelta páginas”, “concluye la historia”. Cuando lo hace la línea nacional y popular, generalmente, “funda una nueva nación”, “abre etapas”, “reaviva la historia”.)
El problema que encontró la línea nacional para imponer su hegemonía fue, justamente, la concentración de recursos que propulsó siempre el liberalismo-conservador. Si bien este bloque logró tender lazos con las grandes mayorías e intentó incluir en la escena a los sectores populares, siempre se encontró con el límite de la ruptura institucional por parte de los sectores dominantes. En el derrocamiento de Manuel Dorrego, en diciembre de 1828, se halla la matriz de los posteriores golpes de Estado: el de 1852 contra Juan Manuel de Rosas, el de 1930 contra Hipólito Yrigoyen, el de 1955 contra Juan Domingo Perón, el de 1966 contra Arturo Illia, el de 1976, todos, claro, con sus diferencias y sus matices.
Como escribió Portantiero: “Cada uno de los grupos tiene suficiente energía como para vetar los proyectos elaborados por los otros, pero ninguno logra reunir las fuerzas necesarias para dirigir el país como le agradaría.” Es más, se podría decir, que, mientras los unos encuentran sus límites en las rupturas institucionales, los otros los encuentran en las crisis sociales, económicas y políticas que provocan sus experiencias gubernativas.
Por primera vez en muchos años, un estadio de la línea nacional y popular tiene la posibilidad de imponer un proyecto hegemónico a mediano plazo, más allá de la alternancia en el gobierno. De 2003 a la fecha, tanto el gobierno de Néstor Kirchner como el de Cristina Fernández han logrado, con serenidad, sin apresuramientos suicidas, ampliar la brecha de participación económica, política y social; lo que se conoce como “profundización del modelo”. Si el año que viene, como la mayoría de la encuestas sugiere, la presidenta gana las elecciones, se producirá por primera vez en 160 años la continuación de 12 años en el poder –tres mandatos– de un gobierno de este sector.
(Digresión 2: Los voceros del modelo liberal-conservador –Mariano Grondona, Elisa Carrió, Joaquín Morales Solá, por ejemplo– siempre han criticado la voluntad hegemónica del kirchnerismo. Curiosamemente, jamás se han quejado de la hegemonía impuesta durante siglo y medio por los “organizadores nacionales”.)
Con esa perspectiva por delante, quienes confían en este modelo compartirán con nosotros la idea de que es necesario comenzar a establecer estrategias a mediano y largo plazo. Es necesario proyectar la Argentina a 20 o 30 años, para transformar el modelo en un proyecto sustentable. Para eso parecería fundamental profundizar la batalla cultural –en términos valorativos, históricos, mediáticos y educativos–, establecer un pacto que permita encontrar un equilibrio duradero entre los distintos sectores productivos, y, claro, llevar adelante un mega-plan que permita erradicar de una vez por todas la infraestructura de la pobreza y la indigencia. La Argentina, a través de su obra pública, no puede darse el lujo de seguir manteniendo a gran parte de su pueblo en condiciones miserables. Es decir, aun cuando no sean resueltos los problemas de desocupación y de distribución de la riqueza, aun cuando el salario de un trabajador no supere la línea de la pobreza, el Estado debe garantizarle –como dice en la Constitución– viviendas dignas con agua potable, gas natural y cloacas.
De los 200 años de historia que festejamos los argentinos, menos de 50 años fueron gobernados por la línea nacional. La democracia, porque respeta la voluntad de las mayorías e impide, o al menos deslegitima, la posibilidad de rupturas institucionales, permite abrir esperanzas respecto de la posibilidad de imponer una hegemonía nacional y popular para estas tierras. Hoy, en el peronismo, por ejemplo, son pocos los cuadros y militantes que discuten abiertamente el modelo actual –hay sí críticas a la metodología pero no a la concepción valorativa–. Por eso es que resulta necesaria la formación de dirigentes, cuadros y militantes que extiendan y profundicen el modelo a lo largo del tiempo.   
Por último: ¿Cuándo se consolida una hegemonía? Sencillo: cuando se produce el trasvasamiento generacional del que hablaba Juan Domingo Perón. Cuando un proyecto no depende exclusivamente de sus protagonistas. Todavía no es tiempo de hablar de estas cosas, claro, pero es tiempo de ir rumiándolas. <

El porqué de una década ganada

Por Mónica Peralta Ramos *

“Pero sus estridentes ladridos /
sólo son señal de que cabalgamos.”
Goethe, 1808
A diez años de gobierno K, la oposición define este período como una década desaprovechada, frustrada,”no positiva” y perdida. Las críticas al período K son múltiples y diversas. Entre otras cosas, se lo acusa de autoritarismo, de avasallamiento de la “Justicia independiente” y de los medios de comunicación, de fomentar los antagonismos, de aumentar la pobreza y el desempleo, de corrupción, de conculcar las libertades individuales. A nuestro entender, estas críticas giran en el vacío impuesto por una visión de la realidad que oculta las causas estructurales de los problemas actuales. En este sentido, mas allá de lo efectivamente logrado o de los errores y limitaciones de las políticas implementadas, lo más importante de la década K ha sido su contribución a arrojar luz sobre las raíces de la estructura de poder actual, una estructura que impide la unidad nacional y canibaliza al país sumiéndolo en el estancamiento económico, la fragmentación social y la ilegitimidad institucional.
Las sociedades no son simples agregados de individuos. Son estructuras de relaciones sociales entre las que se destacan las relaciones de poder. Estas son relaciones de control y de exclusión que se dan en todos los ámbitos de la vida social. Estas relaciones de poder dan lugar a distintos tipos de conflictos. Toda sociedad es, pues, una trama articulada de conflictos sociales, de cuya resolución depende la estabilidad política y el bienestar del conjunto de la población. En las sociedades modernas, las relaciones de poder económico –de control o exclusión del excedente económico– generan el conflicto principal, aquel que determina en última instancia la posibilidad de desarrollo económico con unidad e identidad nacional. Los conflictos son, pues, inherentes a la vida de las naciones. Su forma de resolución determina el predominio de la civilización sobre la barbarie, de la solidaridad sobre el canibalismo social. La historia demuestra que la preeminencia de la coerción en la resolución de los conflictos lleva, tarde o temprano, a la desintegración social. Por el contrario, la conciliación de intereses diversos en búsqueda de un interés común que supere las mezquindades individuales y tenga como norte la solidaridad social, es un paso adelante en la consolidación de una cultura civilizada y hace posible el crecimiento económico con estabilidad política y bienestar para el conjunto de la población.
Desde nuestros orígenes como nación independiente hemos estado inmersos en el continuo fragor de un enfrentamiento, entre los que tienen más y los que tienen menos, por la apropiación del excedente. A partir de 1930 este conflicto se agudizó. La recesión en los países centrales y la crisis del comercio internacional hicieron posible un mayor crecimiento industrial. La posibilidad de industrializar al país trasladando hacia la industria –a través de subsidios de todo tipo– parte del excedente producido por el sector agropecuario estuvo a la orden del día. Desde entonces, las transferencias de ingresos de un sector social a otro sacudieron a la propia elite dominante y convirtieron al Estado en un verdadero botín de guerra. Estos enfrentamientos se dieron en un contexto político caracterizado por la incapacidad de los que tienen más –y son los menos– de conciliar sus intereses con los de otros sectores sociales y de plasmarlos en un proyecto político capaz de aglutinar al conjunto de la sociedad. Esto explica que los sectores económicamente más poderosos sólo pudiesen acceder al control del Estado con el fraude electoral o las proscripciones. La otra cara de esta moneda fue la existencia de un movimiento popular –el peronismo– que pudo ganar elecciones articulando un proyecto político que nucleaba a diversos sectores sociales. Esta situación llevó a los sectores económicamente más poderosos a un constante ejercicio de la presión corporativa a fin de realizar sus intereses específicos. Cuando esto no fue suficiente, se recurrió al golpe militar. Se configuró así una paradoja que explica nuestro estancamiento económico e inestabilidad política: la asincronía entre el poder económico y el poder político. Esto dio origen a la endémica crisis de legitimidad de las instituciones y a la crisis de representación de los partidos políticos. El terrorismo de Estado fue la expresión más acabada del fracaso de la coerción política y abrió una nueva era donde otros mecanismos coercitivos no ligados al uso de las armas irían a dominar la escena política.
En efecto, en los últimos 30 años el poder de veto de los sectores económicamente más poderosos se ejerció creando y recreando espacios y mecanismos económicos que operan en abierta trasgresión de las normas vigentes, eludiendo así el control del Estado sobre las transferencias de ingresos y provocando una sangría de recursos a nivel cambiario, financiero, e impositivo. En este contexto, la inflación y las corridas cambiarias se convirtieron en los principales mecanismos de desestabilización política y provocaron la caída de gobiernos elegidos democráticamente. Ello fue posible porque en los últimos 30 años se produjo un gran avance de la concentración en la economía. Hoy día, unos pocos grupos económicos nacionales y extranjeros controlan los puntos claves de las cadenas de valor en la producción, comercialización, acopio y distribución de bienes. Este control les permite ser formadores de precios, desabastecer y provocar una inflación incontrolable. Les permite además, especular y provocar corridas cambiarias, acumular divisas, dolarizar activos y fugar capitales. Ningún gobierno anterior a la década K ha podido sobrevivir a este embate.
La devaluación de principios del 2002 provocó una enorme transferencia de ingresos desde los sectores populares hacia los que más tienen y permitió mantener bajo control a la inflación durante los primeros años del gobierno de NK. Las enormes ganancias obtenidas y la fuga de capitales fueron, tal vez, el precio de esta paz efímera. Pero a poco de andar comenzaron los problemas en torno de la apropiación del excedente económico y su destino final. El conflicto con el campo por el aumento de las retenciones a las exportaciones agropecuarias marcó el inicio de una nueva etapa caracterizada por una mayor claridad en los objetivos perseguidos por el Gobierno y en la adopción de una serie de medidas destinadas a fortalecer el mercado interno transfiriendo ingresos hacia la industria y hacia los sectores populares. Paralelamente, comenzaron la espiral inflacionaria y las corridas cambiarias. Estos fenómenos habrían de agudizarse a partir de la reelección de CFK. A diferencia de lo ocurrido con otros gobiernos democráticos, CFK ha enfrentado las corridas cambiarias explicitando sus fines y tomando medidas específicas para tratar de impedirlas. Asimismo, este gobierno ha intentado limitar el control monopólico y oligopólico en algunos sectores de la economía y en la producción y difusión de información. Esto ha despertado una fuerte reacción desestabilizadora que se acrecienta en vísperas de las próximas elecciones.
Lo que está en juego hoy día es la visibilidad de las raíces del poder económico y la posibilidad de utilizar los resortes del Estado para imponer cambios en la estructura de poder, cambios que en sí mismos no son una revolución pero constituyen un salto cualitativo en el desarrollo de nuestro país al pretender una mayor inclusión social y una democracia participativa. El conflicto principal es el que opone a aquellos que reivindican el poder de los monopolios y su derecho “inmanente” a reproducir este control sobre toda la vida de una nación (económica, política y cultural) y aquellos que intentan cuestionar este poder impulsando un desarrollo que incluya a toda la sociedad y “empodere” a los ciudadanos. La inflación, las corridas cambiarias y el fogoneo constante de un relato que demoniza a CFK y a todas las políticas implementadas marcan la temperatura de este conflicto. Este relato de los medios más concentrados intenta ocultar los intereses que mueven a la oposición. Intenta además volver invisible la estructura de poder monopólico. Así, la ley de medios que pretende desarticular el poder monopólico en la producción y distribución de información aparece como un atentado a la libertad de expresión; la reforma judicial que pretende terminar con el control corporativo sobre el Poder Judicial y democratizarlo se presenta como el avasallamiento de una “Justicia independiente”, una Justicia a la que estos mismos medios concentrados se han cansado de considerar “Korrupta”; las políticas sociales se presentan como puro clientelismo y así, sucesivamente.
En los últimos tiempos CFK ha dado un paso de fundamental importancia al convocar a la población y especialmente a la juventud a “mirar para cuidar” los precios de los bienes de consumo. Esto ha llevado al relato de oposición a comparar la situación actual con la República de Weimar y el acceso de Hitler al poder. Este disparate muestra la inescrupulosidad con que se manipula a la opinión pública. Muestra, además, que la participación de la población en el control de las políticas aplicadas es la mejor respuesta a los “golpes de mercado”. Esta política de “mirar para cuidar” debería de aplicarse a toda la cadena de valor de los distintos bienes producidos a fin de que los diversos sectores –productores, trabajadores, pequeñas, medianas y grandes empresas, comerciantes, proveedores etc.– que la constituyen puedan participar en el control de la inflación. Esta convocatoria a “mirar para cuidar” toda la cadena de valor volverá más efectivo el control de precios y permitirá sumar a sectores sociales que deben y pueden ser integrados al proyecto de inclusión social y democracia participativa.
Esta es, entonces, una década ganada porque ha permitido empezar a visualizar las causas estructurales de nuestro estancamiento económico e inestabilidad política. Queda, sin embargo, mucho por hacer. Entre otras cosas, es de fundamental importancia revisar la política de subsidios y monitorear sus resultados a fin de impulsar una industrialización que multiplique una inclusión social sustentable. Hoy día la integración compleja de los conglomerados trasnacionales domina al mundo dando lugar a la desintegración de la cadena productiva a nivel mundial y al control de segmentos cruciales de estas cadenas de valor por parte del capital trasnacional. Entre otros fenómenos, esto ha fomentado una nueva división internacional del trabajo que impone serios límites a la capacidad de los Estados de elaborar y aplicar políticas de desarrollo en sus territorios nacionales. Otra consecuencia ha sido una creciente dependencia tecnológica con el consiguiente impacto negativo sobre la balanza comercial y de pagos y sobre la capacidad de generar empleo en los sectores productivos. Esta dependencia tecnológica afecta en nuestro país tanto al campo como a la industria y perpetúa los conflictos históricos entre sectores empresarios, y entre éstos y los que menos tienen. Es pues imperioso hacer sintonía fina sobre el tipo de estructura productiva que hoy tenemos y sobre los subsidios que el Estado vuelca sobre ésta a fin de introducir los cambios que se necesitan para concretar un desarrollo económico que asegure a mediano y largo plazo la inclusión social y la democracia participativa.
* Socióloga, autora de La economía política argentina. Poder y clases sociales.

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MAX WEBER, BERNARD DE MANDEVILLE Y JOHN MAYNARD KEYNES - Familia y frugalidad fiscal

Por Manuel Calderon *

La idea de ahorro, de prudencia en el gasto, y de austeridad es una reminiscencia de la moral cívica victoriana, de una época en la que se sermoneaba que la austeridad era la base de la fortuna y de la buena conducta, una moral que podemos rastrear hasta la Reforma de Lutero, y que dio pie a que Weber relacionara el surgimiento del capitalismo con la ética del protestantismo. Más allá de que en los hechos ninguna de las grandes fortunas europeas de los siglos XVIII y XIX se formó en base al ahorro y la moral protestante (sino más bien a la especulación, la usura, las guerras, el colonialismo y el saqueo), la austeridad constituía una parábola del buen ciudadano, y como lo que era bueno para una familia debía ser bueno para un Estado (¿o un Estado no es otra cosa que un conjunto de familias?), la mayoría de los filósofos políticos de la época desarrollaron en su imaginario una visión del Estado y del buen gobierno semejante a una austera familia luterana guiada por un buen padre (...en lo posible pastor).

Uno de los pocos “intelectuales” que se atrevieron a cuestionar esta idea fue Bernard de Mandeville, quien con su pintoresca y extraña obra La fábula de las abejas (subtitulada “Sobre los vicios privados y los beneficios públicos”) puso furiosos a varios de los más eminentes moralistas y filósofos políticos del siglo XVIII. Mandeville tuvo la ocurrencia de argumentar que si todos los buenos padres de familia de una sociedad fueran devotos de la austeridad y el ahorro, entonces nadie realizaría el gasto que genera el empleo que permite el ingreso en que se basa el ahorro. Por lo tanto, una sociedad basada en el precepto de la frugalidad sería una sociedad condenada al desempleo y la pobreza, mientras que una sociedad de derrochadores y viciosos del gasto al menos daría empleo suficiente a sus integrantes.

Más allá de los padres de familia, las abejas y los vicios, lo que en realidad se debatía era la forma en que debía organizarse y administrarse una sociedad y un Estado moderno, es decir, un ordenamiento basado en las leyes de la Naturaleza y no en las leyes de Dios. De estas reflexiones y debates surgirían las dos grandes disciplinas intelectuales propias de la modernidad: la Economía Política y la Sociología. La primera como gran proyecto de ciencia positiva del progreso de la humanidad, y la segunda como gran crítica de los resultados de ese proyecto.

La idea de la frugalidad como motor del progreso y del padre de familia como ejemplo del buen gobierno son dos de las tantas ideas que se filtrarían en el pensamiento económico tradicional y en las políticas económicas de los ministros de Hacienda, mientras que por mucho tiempo la incómoda provocación de Mandeville sólo encontraría lugar en las corrientes marginales del pensamiento económico.

Sería la catástrofe del ’30 la encargada de resucitarla, y nada menos que de la mano (o la palabra) de un converso Keynes, quien diría que uno de los grandes problemas de las sociedades capitalistas es la falta de inversión, o lo que es casi lo mismo, el exceso de ahorro, más aun en los momentos en que menos se lo necesita. Si un gobierno ante una crisis económica optara por comportarse como el precavido padre de familia ahorrador, lejos de hacer lo correcto, lo que lograría sería profundizar la debacle. Sin embargo, si un padre de familia pierde ingresos porque queda desempleado, no parecería correcto que siguiese gastando. Es decir, aquella vieja idea de que lo que es bueno para una familia debe ser también bueno para un Estado, pareciera entonces no ser tan buena idea. Pero esto entonces obliga a plantearse y replantearse cuáles son y deberían ser las metáforas con las que construir una nueva visión de la sociedad y de su gobierno

* Profesor de Historia del Pensamiento Económico. Universidad Nacional de La Plata